La Contraloría General de la República estimó un
faltante de $33,6 billones para garantizar los derechos a la indemnización y a
la vivienda consagrados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Así lo dejo consignado el organismo de control en
su informe anual al Congreso de seguimiento a la política pública de
asistencia, atención y reparación a víctimas y a comunidades étnicas víctimas
del conflicto armado.
El informe, señala además que desde hace 5 años, la
apropiación de recursos para la asistencia, atención y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado, es cercana al 2% del Presupuesto General de
la Nación.
En atención a los cambios que ha mostrado la
realidad frente a los supuestos que se tenían, la Contraloría propuso
actualizar el plan financiero que acompaña la Ley 1448 del 2011, a la luz del
universo actual de las víctimas y de los costos reales de las medidas de
asistencia, atención y reparación integral contenidas en la ley.
"Es oportuno que el país conozca las
necesidades económicas que implican garantizar el goce efectivo de los derechos
de las víctimas del conflicto armado para abrir el debate sobre las fuentes de
financiamiento de la ley; más aún si, como lo ha anunciado el Gobierno
Nacional, en 2016 se propondrá una reforma tributaria", sostiene la
Contraloría General de la República en su informe.
Asimismo, la Contraloría sugirió que, desde ya, se
piense en ampliar el periodo de vigencia de la Ley para enfrentar adecuadamente
el impacto financiero del crecimiento del Registro Único de Víctimas (RUV) y
cumplir cabalmente con la reparación integral.
Ayudas humanitarias, indemnización administrativa y
reparación de comunidades étnicas
La CGR encontró que, con la implementación de la
Ley 1448 de 2011 aumentó la cantidad de ayudas humanitarias entregadas, así
como el número de grupos familiares beneficiados, pero el promedio de ayudas
por familia disminuyó, lo cual es percibido por la población desplazada como
una desventaja de la Ley.
En materia de indemnización administrativa, también
se ha avanzado; en 2014, además de las indemnización que vienen otorgándose por
Ley 418 de 1997 y decreto 1290 de 2008, se incluyó a algunas víctimas de Ley
1448 de 2011.
No obstante, se presenta un rezago
considerable si se tiene en cuenta que ya han transcurrido cuatro años de
vigencia de la Ley 1448 de 2011 y el universo total de víctimas a atender ha
aumentado. La Contraloría constató que no se han cubierto solicitudes elevadas
por las víctimas en virtud de las normas citadas, previas a la Ley 1448 de 2011
Frustración de las comunidades étnicas
Tal como se señaló en los anteriores informes, no
se cuenta con un solo Plan de Reparación Colectiva (PIRC) de comunidades
étnicas, aprobado y en implementación. Esta moratoria genera un alto grado de
frustración de los sujetos colectivos étnicos a la espera de iniciar el proceso
de reparación colectiva. Fuente: Extracto
de comunicado de prensa de la Contraloría General de la Republica. 27 de agosto
de 2015.
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